Condenado por la jueza penal 44 de Bogotá, Sandra Heredia Aranda, el expresidente de Colombia
Álvaro Uribe Vélez, espera que se le dé sentencia, la tesis de la Fiscalía es que Álvaro Uribe Vélez
fue el determinador de un esquema de manipulación de testigos que habría ofrecido dádivas y
ejercido presiones a exparamilitares para que cambiaran su versión sobre los supuestos vínculos
del expresidente con grupos al margen de la ley.
Los dos delitos por los que fue condenado Uribe, fraude procesal y soborno en actuación penal,
pueden acumular una pena entre 12 y 24 años, que seguro será apelada por su abogado Jaime
Granados, defensor principal, para lo cual tiene plazo hasta el 11 de agosto de 2025, siendo
resuelta en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.
El fraude procesal se comete cuando una persona “pretenda inducir en error a un funcionario
judicial, o en general a cualquier funcionario público, el soborno en actuación penal consiste en
darle dinero o cualquier beneficio a una persona que va a ser testigo. Entonces yo le pago a una
persona, o le regalo algo, o le doy cualquier tipo de beneficio a cambio de que vaya y mienta.
Los hechos demostrados por la Fiscalía fueron negados por la defensa de Uribe y por él mismo
durante todos los años que duro este proceso legal, pero la justicia colombiana le puso fin
sentenciando por primera ves a un presidente de la república, según el fallo, Uribe no solo estaba
al tanto de las acciones de su exrepresentante Diego Cadena, sino que también respaldó sus
gestiones para contactar a varios exparamilitares con el propósito de modificar sus versiones ante
la Corte Suprema de Justicia.
La última instancia que le queda a la defensa del expresidente es el recurso de casación penal, que
llegará a la Corte Suprema de Justicia, que ya conoció del proceso, cuando Uribe fue senador.
Después, el expresidente renunció a su investidura para que el caso pasara a la Fiscalía.
«Este juicio, vale decirlo sin rodeos, no es un juicio contra la historia política de Colombia. No es
una revancha. No es una conspiración. No es un acto de oposición ni de política. Es un acto de
justicia y solo de justicia», expresó Heredia este lunes. «La justicia no se arrodilla ante el poder. La
justicia no ve nombres, ni cargos, ni estaturas», dijo la jueza Sandra Heredia.
Antes de comenzar la lectura de su fallo, que según ella misma excede las 1.000 páginas, Heredia
destacó el rol de las mujeres en la justicia colombiana: «Hoy también es necesario recordar algo
que la historia no debe pasar por alto. La conducción de este proceso ha estado a cargo de
mujeres que, desde sus roles, en cada una de las etapas del proceso, han enfrentado con valentía
incluso ataques machistas y cuestionamientos que no se habrían formulado quizá si quien
decidiera fuera un hombre», dijo.
«La toga no tiene género, pero sí tiene carácter», declaró.
Y añadió: «Cuando una mujer administra justicia, lo hace con el mismo rigor, o incluso más, que
cualquier otro funcionario judicial».
Para llegar a un fallo antes de la prescripción, la jueza agendó audiencias del caso durante los
últimos meses todos los lunes, los martes, los jueves y los viernes desde las 8:30 de la mañana
hasta las 5 de la tarde.
Gracias a esa decisión, logró escuchar en un tiempo récord a los más de 90 testigos.
Contrario a la creencia arraigada, el Caso Uribe no es el primero ni el único donde un expresidente
es procesado por la justicia colombiana, con resultados perjudiciales para el procesado, ya que en
el siglo XIX le sucedió a Francisco de Paula Santander, en 1959 al exdictador Gustavo Rojas Pinilla y
en 1997 a Ernesto Samper quien quedó precluido.
En el caso del segundo (Rojas P.) se le procesó luego de renunciar a la presidencia, y se le condenó
a perder todos sus derechos políticos. Sin embargo, su sentencia fue revisada y revocada en 1966,
por lo que el político pudo volver a las arenas electorales en 1970.
El Caso Uribe, como se le conoce es la historia de un país que se debate entre la honra y la
dignidad, entre la mentira y la corrupción, entre política y el poder, los colombianos divididos en
este momento por este fallo condenatorio sobre una de las figuras publicas más relevantes de la
reciente historia política y social de Colombia, debaten sobre el futuro de la nación con miras a las
elecciones presidenciales del próximo año, donde Uribe sin duda seguirá siendo la ultima palabra
de la oposición al gobierno de izquierda que representa Petro.
Esta ultima palabra representa el poder político de Uribe Vélez, quien de nuevo hace historia y
desde su casa gracias a la reciente tecnología, podrá dirigir a uno de los partidos más fuertes en
este momento en la contienda electoral que se avecina, el Centro Democrático, que desde ya se
prepara para sacar el mejor provecho político y electoral a este Caso Uribe, que de ser bien
manejado en redes sociales puede acrecentar el poder electoral del partido.
Cualquiera que hubiese sido la decisión en el Caso Uribe, iba a causar molestias en los sectores
afectados, pero Colombia sigue unida a una Constitución que garantiza los derechos de los
nacionales y para las partes involucradas en este proceso y en general para los colombianos,
mientras existan recursos judiciales pendientes todos y todas pueden hacer uso de estos para
demostrar su inocencia, lo cual dará paso a otra dura batalla desde los estrados judiciales agitando
aún más el convulsionado panorama político en la lucha por la presidencia de la Republica el
próximo año.