Próximo a cumplir los primeros 100 días de gobierno el alcalde Julián Sánchez Acosta aún
evidencia dificultades en la conformación definitiva de su gabinete de gobierno, y también
dificultades en el cumplimiento de sus más inmediatas promesas anunciadas al inicio de su
mandato que le han valido la crítica y el cuestionamiento desde diversos sectores políticos y
sociales del municipio.
Vamos por partes. Las diferentes jornadas de encuentros populares para la construcción del PMD
brillaron por su improvisación, baja afluencia de ciudadanos y limitada participación social
restándole legitimidad, credibilidad e importancia al ejercicio de la participación ciudadana.
Así mismo su deficiente y poco rigurosos diagnostico en la formulación del PMD y sin articulación
con las necesidades expresadas por la ciudadanía, lo hacen un plan ambiguo, sin estrategias y
políticas, sin programas y subprogramas, sin metas e indicadores y sin plan financiero.
No han sido pocas las críticas razonables y justas en relación con la conformación de la totalidad
de integrantes del Consejo Territorial de Planeación, quienes deberían haber emitido su concepto
antes del 31 de marzo para su debate y aprobación en el Concejo Municipal.
Aunque paradójicamente el mandatario se ha venido quejando que le dejaron la “olla raspada”, no
dudo en mostrar sus dotes de ejecutor de los recursos públicos al firmar un contrato por $
75.954.580.00 con la empresa Nexus Coaching School según el Secop II para posicionar y socializar
su compromiso político más importante en cada encuentro ciudadano: la incorporación del
municipio a la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca.
Entretanto, no pocos de los nuevos funcionarios de tercer y cuarto nivel que prestan sus servicios
a la nueva administración vienen trabajando “al gratín” y sin contrato de trabajo, lo que dicho sea
de paso le permitirá probar la lealtad de sus seguidores, y de uno que otro de los funcionarios que
alcanzaron a abandonar a tiempo el hundimiento del barco del saldarriagusimo.
De otra parte, ocupado en calmar la ansiedad por la espera a la que sometió a su coalición de
gobierno en el Concejo Municipal para adjudicar contratos y cargos públicos de primero y segundo
nivel, a casi 100 días de su gobierno no ha logrado conformar la totalidad de su gabinete,
quedándole solo el camino de ofertar algunos cargos por la vía de la “meritocracia amarrada”.
Así mismo, en una exótica demostración de “populismo neoliberal”, logró aprobar por mayoría
absoluta la eliminación gradual del impuesto a la telefonía celular que fortalecía la financiación de
los sectores de la cultura, el medio ambiente y el deporte dejándolos a merced de su voluntad de
mandatario y de sus conveniencias políticas futuras y aplazando la solución de fondo relacionada
con la revisión del estatuto tributario y los desproporcionados incrementos que seguirán
gravitando sobre los menguados ingresos de los contribuyentes.
Tan generosa y aparente justicia y equidad tributaria solo pretenden justificar la importancia que
para el mandatario y hoy presidente de la Federación de Municipios de Colombia tiene para
convertir la ciudad en un apéndice de su ambicioso proyecto de región metropolitana justificando
su necesidad como la única vía para canalizar los recursos que la ciudad requiere para el desarrollo
y el bienestar de los ciudadanos.
En materia de seguridad la ciudadanía pasa por una de sus peores periodos de pesadillas y
zozobra, pues como se desprende de los informes de la prensa local y de la percepción de los
ciudadanos, las cifras de los resultados contra el crimen organizado y la delincuencia común no
solo desbordan la capacidad operativa de las autoridades de policía, la fiscalía y el sistema local de
justicia sino también de la capacidad del nuevo gobierno para caracterizar el delito y en
consecuencia definir estrategias apropiadas para combatirlo con imaginación y creatividad.
Las comisarias e inspecciones de la ciudad luego de tres meses de instalarse el nuevo gobierno
afrontan un déficit de funcionarios que atiendan la alta demanda ciudadana, carecen de logística
de trasporte para atender situaciones críticas en diversos sectores de la ciudad mientras los
ciudadanos esperan que sus problemáticas sean resueltas.
En los próximos días el mandatario deberá afrontar su primera prueba de fuego al finalizar la
prórroga de operación de vehículos del servicio público de pasajeros de las empresas locales con la
Secretaría de movilidad de Bogotá sin que se sepan los avances logrados en la búsqueda de
soluciones por parte de la mesa que presuntamente se creó para tal fin, generando la más
preocupante expectativa por parte de los usuarios de este servicio.
De remate, hace poco más de un mes, la Contraloría General de la Republica fijo su interés sobre
el avance de la obra del proyecto TM en las etapas II y III, en las que expresó su preocupación por
el atraso de las mismas y la prórroga que se le otorgo hasta diciembre de 2025 a la empresa
constructora para la entrega total de la obra. El gobierno local no ha vacilado en especular con
apoyo de directivos de TM que en los próximos meses entrará en operación el
servicio.
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