Los escándalos de corrupción en los pagos y manejos financieros de la Nueva EPS involucran desvíos billonarios, manipulación contable y la reciente denuncia de una red ilegal de intermediarios que cobra comisiones a cambio de agilizar el desembolso de dineros públicos. Al ser la entidad promotora de salud con más afiliados de Colombia, la malversación de sus recursos mantiene al sistema hospitalario en una crisis de liquidez extrema.
El agente interventor de la entidad, Jorge Iván Ospina, denunció penalmente la existencia de una red criminal de abogados y tramitadores
Modus operandi: Los intermediarios contactan a clínicas, hospitales (IPS) y proveedores médicos con pagos represados. Les exigen comisiones de hasta el 10 % del valor de la deuda a cambio de gestionar y asegurar el desembolso de su dinero.Complicidad interna: Se investiga la participación de funcionarios internos de la EPS que filtraban la información de las deudas a los abogados externos para facilitar la extorsión.Falsas redes: Paralelamente, la entidad emitió alertas urgentes sobre organizaciones fraudulentas que suplantan la identidad de directivos para cobrar comisiones ilegales.
Auditorías de la Contraloría General de la República destaparon una de las mayores maniobras de fraude corporativo en el sector salud:
Ocultamiento de $5 billones: La administración de la EPS escondió de forma deliberada facturas radicadas por los hospitales. El objetivo era simular solidez financiera y ocultar sus obligaciones reales ante la Superintendencia de Salud para evitar intervenciones.
Uso del doble reporte: Al Ministerio de Salud le informaban pérdidas infladas para reclamar mayores transferencias públicas de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mientras que a la Supersalud le declaraban utilidades ficticias.
Imputación penal: La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a exdirectivos como José Fernando Cardona por la presunta desviación de más de $70.500 millones en deudas médicas no procesadas.
La entidad identificó un desfalco acelerado mediante el uso abusivo de figuras legales.
- Pérdida de $2.5 billones: A través de maniobras jurídicas coordinadas con despachos judiciales, se ejecutaron embargos masivos sobre cuentas bancarias de la EPS.
- Dineros inembargables: Estas retenciones forzosas violaron la ley colombiana, que blinda los recursos de la salud frente a este tipo de medidas cautelares. El bloqueo de estas cuentas frenó en seco los pagos corrientes para la compra de medicamentos de alto costo. [1, 2]
La Procuraduría General de la Nación formuló pliegos de cargos contra exejecutivos por destinación indebida de recursos públicos.
Se detectó el financiamiento de fondos de ahorro voluntario privados corporativos (como el «Plan Semilla») utilizando dinero de la UPC, que constitucionalmente debe usarse solo para la atención médica directa de los pacientes.
Este entramado delictivo provocó que el patrimonio de la Nueva EPS cayera a números negativos superiores a los -4 billones de pesos. Debido a la falta de pago oportuno, los reclamos y tutelas ciudadanas por demoras severas o negación absoluta de tratamientos médicos esenciales escalaron más de un 107%.