A fecha de enero de 2026, la situación de la Nueva EPS respecto a embargos judiciales es crítica y supera ampliamente la cifra consultada.Los puntos clave de la noticia actual son:
Los embargos decretados incluyen recursos del régimen subsidiado, afectando a los afiliados más vulnerables del sistema. En la práctica, esto significa que los dineros destinados a financiar tratamientos, medicamentos y servicios esenciales podrían quedar bloqueados, dificultando la atención y el pago oportuno a las IPS.
El fallo se emite en un contexto nacional marcado por la crisis de liquidez, la cartera hospitalaria creciente, estimada en más de $24 billones, y las tensiones judiciales sobre el manejo de los fondos públicos de la salud. Según expertos del sector, esta nueva medida no solo incrementa la incertidumbre jurídica, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad operativa del aseguramiento y la continuidad en la atención de los más de 11 millones de afiliados que dependen de Nueva EPS en todo el país.
- Impacto de los $60.000 millones: El 20 de enero de 2026, el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que un embargo específico por $60.000 millones frenó un acuerdo es
- Monto total embargado: La entidad ha advertido que el total de recursos bloqueados por decisiones judiciales asciende actualmente a más de $2.1 billones de pesos. Estos embargos provienen de diversos juzgados del país, destacando procesos en el departamento de Caquetá.
- Riesgo operativo: La Nueva EPS señala que estos bloqueos comprometen seriamente su capacidad para pagar a prestadores (clínicas y hospitales) y proveedores de medicamentos, poniendo en riesgo la atención de más de 11 millones de usuarios.
- Posición del Gobierno: El presidente Gustavo Petro ha mencionado que los recursos de la salud (UPC) deberían ser inembargables y ha planteado la posibilidad de liquidar las EPS intervenidas si la situación financiera no permite su operatividad.
Esta situación se enmarca en la crisis financiera del sistema de salud en Colombia, donde la Nueva EPS, bajo intervención del Gobierno, enfrenta deudas acumuladas y procesos judiciales que buscan el pago de carteras atrasadas con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
El embargo ampliado por $887 mil millones contra Nueva EPS no es solo un hecho jurídico; constituye un alerta estructural sobre la fragilidad del modelo de financiamiento del sistema de salud colombiano