Todos tenemos el deber obligatorio de manifestar ante las autoridades correspondientes y medios de comunicación, según lo expresa el principio constitucional de solidaridad, los procesos, legales, judiciales, administrativos, penales en que se incurra, con el objeto de blindar la seguridad personal y familiar en procesos que por su magnitud pueden poner en riesgo la vida misma de los involucrados.
En esta entrega contaremos la crónica de un ciudadano que está a punto de perderlo todo, de un ciudadano que con las uñas ha defendido su patrimonio, convertido sin serlo, por la corrupción del sistema, en un experto en derecho penal y administrativo, su lucha sin pausa acosada por el fantasma de la preclusión, en la que se amparan todas las organizaciones delictivas, ha dejado al descubierto la responsabilidad de una serie de funcionarios que van desde un CDA, hasta el mismo Estado en la permisividad del delito.
Se deriva está crónica de un hecho que en Colombia se conoce como “gemelear” automotores, y que se descubre cuando el propietario afectado es solicitado por deudas de foto comparendos, o por embargos a su patrimonio, (lo que no pueden permitir es que el titular real de dominio se entere de la suplantación de identidad tanto del vehículo como de la suya personal, el delito es oculto, continuado y en cadena), situación en la que comienza para el dueño legitimo del automotor un verdadero calvario jurídico, de gran afectación económica, familiar, social y psicológica.
Las bandas delincuenciales se dedican a adquirir motocicletas y vehículos hurtados, les alteran los guarismos de identificación para luego comercializarlos por todo el país, la mayoría se quedan en las grandes ciudades recorriéndolas bajo el manto de papeles auténticos que sólo es posible conseguir con la complicidad de una red bien elaborada que infiltra todos los entes relacionados, es decir las secretarías de movilidad y sus plataformas están a punto de convertirse en CHATARRERÍA DEL DELITO.
Se tipifican entonces varios delitos, estafas en masa, concierto para delinquir, receptación agravada, fraudes procesales, falsedad marcaria y falsedad en documento público o privado, solo si la persona llamada el sujeto procesal considera subsanado su perjuicio y da por terminada su desgastante labor para conseguir justicia, en caso contrario que es el que nos atañe, si el sujeto procesal continúa la investigación, involucra entidades como el Ministerio de Transporte, el RUNT, Secretarías de Movilidad, Fiscalía, Procuraduría y al mismo Estado quienes conocen del delito pero fallan en su neutralización.
La Dian y el Ministerio de transporte, son los responsables del cuadre de caja en el registro de los automotores, la Dian a través de la nacionalización de importaciones en puerto y el Ministerio de Transporte con las correspondientes autorizaciones de matrícula, los demás de trámite ordinario se hacen por intermedio de la concesión RUNT, sociedad que según su aviso legal a pie de página dice no ser responsable de la información que valida pues no son quien la origina, luego las revisiones tecno mecánicas, que no se realizan en línea ni tiempo real, ¿tiene entonces esta plataforma carácter ministerial; acaso es omnímoda su operación dentro del ministerio?.
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En Paloquemao, Bogotá, está todo junto, la Secretaria de Transito, Sijin, Dijin, Fiscalías, juzgados penales, Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio, en donde los delincuentes halan las carpetas de los titulares reales de dominio a través de la venta de información por parte de funcionarios turbios que laboran en las secretarías y plataformas encargadas de agilizar dichos trámites.
En Colombia la criminalidad organizada funciona como una empresa y requiere de elementos básicos, normas internas, sistemas de comunicación, división del trabajo, estructura jerárquica, rutinas y procedimientos estandarizados, competencias técnicas especializadas y profesionalización de sus miembros lo cual potencia y multiplica su efectividad, con permanencia en el tiempo para desarrollar actividades contrarias a la constitución y la ley siendo el mayor peligro para la tranquilidad colectiva y la Nación.
En el caso del “gemeleo” una vez capturado el vehículo fraudulento, se realiza el experticio en manos de funcionarios de la Sijin, en este caso los documentos presentados por los dueños de los vehículos, son originales, placas y licencias de tránsito, lo que significa que el delito se origina con la complicidad de una serie de entidades ligadas en el proceso de legalizar los vehículos que circulan por el país, existe una matriz desde adentro de las entidades que irradia corrupción por do quiera.
Un verdadero viacrucis para los legales propietarios de los vehículos quienes para salvar sus propiedades bajo peligro de embargo por comparendos realizados a los vehículos fraudulentos, tienen que convertirse en SUJETO PROCESAL para poder con pico y pala, a punta de Derechos de Petición, perforar esa montaña de ilegalidad y llegar a esa matriz de la realidad, el frasquito de la realidad es el que vamos a destapar en esta crónica, una historia de la vida real contada por su protagonista quien durante varios años a luchado con diligencia y sin descanso contra el sistema penetrado por la criminalidad organizada, una lucha que lo ha llevado a demandar a todas estas entidades involucradas y al mismo estado, por culpa de la fraudulenta PERPETUIDAD del delito representado en una licencia de tránsito inscrita en los nodos informáticos.
Lo que se ha descubierto hasta el momento en todos estos largos años de batallas legales, es la continuidad en el tiempo de una organización criminal bien asentada que permite a cantidad de funcionarios permanecer en su desempeño durante años, sin importar cuantos cambios de director, gerente, alcalde, ministros, presidentes (van y vienen), pero en todo caso la red que corrompe la información al interior de todas las instituciones se mantiene en sus puestos, permitiendo permear todo el procedimiento ilícito, es decir lo que van y vienen saben del ilícito pero apenas lo miran de soslayo debido al poderoso flujo de caja que representa.
También ocultando el trasfondo del delito, que involucra en responsabilidad a quienes están en cabeza de las entidades, de las cuales desconocen su funcionamiento, dedicándose a firmar y aprobar, sin contar con efectivos métodos de auditoría, los que existen están intervenidos por la criminalidad, lo que permite que los jefes de las instituciones involucradas salgan y entren de ellas sin tener conocimiento de lo que sucede al interior, sin que esto sea motivo para exonerarlos de sus responsabilidad como dirigentes en cada una de estas entidades.